El principio general de la seguridad jurídica en la jurisprudencia comunitaria europea: un punto de referencia para los tribunales latinoamericanos.

En el sistema de la integración europea, el principio de la seguridad jurídica se presenta como un principio fundamental, propio de una Comunidad de Derecho, pero que necesita concretarse en principios jurídicos «ejecutables» cuya razón de ser es reducir, en la medida de lo posible, las incertidumbres en la realización y aplicación de la regla jurídica (por ejemplo, el principio de la confianza legítima o de no retroactividad). Según las circunstancias, la aplicación del principio de seguridad jurídica conduce a verificar especialmente la rectitud jurídica del acto incriminado o a garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas. Desde una perspectiva jurisprudencial, en el Derecho de la Unión Europea el principio de seguridad jurídica lo encontramos conectado particularmente con los principios de publicidad de las normas, de no retroactividad, de respeto de los derechos adquiridos y de protección de la confianza legítima. Ahora, si bien es cierto que el principio de seguridad jurídica se manifiesta tácitamente bajo estos principios más específicos que delimitan su alcance, también es cierto que en algunas ocasiones dicho principio ha sido formulado expresamente como tal por la jurisprudencia comunitaria —sin importar el hecho de que no presenta una significación y alcance particular— con el objetivo de dar soluciones apropiadas a hechos que se le han presentado, pero interpretando el mencionado principio en función de los objetivos y los fines fundamentales del sistema comunitario europeo. En cualquier caso, la jurisprudencia comunitaria europea constituye también en esta materia un punto de referencia inevitable para los tribunales latinoamericanos.